11/11/15 12:45 Filed in:
propiedad horizontalDel Art. 20, apartado e) de la LPH, en el que se dice que el administrador deberá "custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad" podría deducirse que el administrador de la comunidad está obligado a facilitar cuanta documentación obre en su poder, a cualquier comunero que se lo solicite.
Con base en este precepto viene entendiéndose por muchos comuneros, que pueden solicitar sin pudor cuanta documentación consideran conveniente, a veces, incluso, referida a datos contables de años anteriores.
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Decía un buen profesor que tuve en la Universidad que los antecedentes de una norma era la herramienta más importante para la correcta interpretación de la norma, pues permiten conocer la voluntad del legislador y sin embargo es lo más obviado en la práctica. ¡Cuanta razón tenía!
Después de cientos de procedimientos monitorios de reclamación de cuotas de comunidad en base al artículo 21 de al LPH y de las consiguientes ejecuciones, es ahora cuando sorpresivamente me cuestiona un Secretario Judicial que, siendo la cuantía inferior a dos mil euros, se deban tasar las costas causadas en al ejecución con inclusión de los honorarios de abogado y los aranceles del procurador de la actora. Read More...Tags: cuantia inferior a dos mil eurosAbogados, Derecho, Ley, Noticias, Fuengirola, Mijas, Málaga abogadosAbogados, Derecho, Ley, Noticias, Fuengirola, Mijas, Málaga fuengirolaAbogados, Derecho, Ley, Noticias, Fuengirola, Mijas, Málaga comunidad de propietarios
El titular es nuestro pero bien podría ser el que tendría el artículo que encontró un compañero el otro día en el periódico El Mundo.
Es una cuestión en la que nadie pondrá su atención pero que puede tener serias consecuencias. El motivo que subyace en esta imputación o atribución de rentas es algo que hemos tratado en otras ocasiones, el hecho de que las comunidades de propietarios tienen su propio CIF y giran en el tráfico como cualquier otra persona, pero en realidad no tienen personalidad jurídica distinta de la de todos y cada uno de sus propietarios. Es por eso que no pagan tasas judiciales tras la última reforma que exime a las personas físicas de dicha obligación y por lo que cualquier ayuda conferida a las mismas que sea contributiva se ha de trasladar a la declaración fiscal de todos y cada uno de sus integrantes.
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